¿Quiénes somos?

El incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema público, y por eso demanda respuestas políticas. Queremos que pago de la cuota alimentaria y las obligaciones parentales de cuidado dejen de ser la excepción y pase a ser la regla. Para eso, promovemos un programa basado en cuatro acciones: medir, mediar, monitorear y movilizar.

Medir: Sin datos de calidad es imposible transformar la realidad. Proponemos incorporar el Índice Crianza en el Sistema Estadístico Nacional (SEN) para asegurar su continuidad y relevancia. Además, consideramos que es clave sistematizar las estadísticas judiciales para con datos, especialmente referidos a divorcios, regímenes de convivencia y alimentos. También promovemos la creación Canastas de Crianza provinciales y/o regionales para reflejar las diferencias en los costos de vida y crianza en las distintas regiones de Argentina.

Mediar: El marco adversarial, reforzado por la judicialización, va en detrimento de los derechos e intereses de los niños y del cumplimiento de la responsabilidad parental. Fomentar la creación de instancias de apoyo y mediación que faciliten acuerdos entre progenitores y medien en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es central para “desjudicializar” los alimentos. Por eso también proponemos facilitar los acuerdos entre padres para reducir la carga judicial y mejorar el cumplimiento de la obligación alimentaria, y desarrollar Guías Prácticas de Acuerdos que utilicen valores de referencia objetivos como el IC para ayudar a padres y jueces en la toma de decisiones.

Monitorear: Crear un Registro Nacional de Deudores que permita aplicar sanciones financieras y no penales a nivel nacional para los deudores de obligación alimentaria. Mejorar las sanciones y los mecanismos de pago, facilitando la implementación de sanciones financieras y no penales a nivel nacional, como inscribir a los deudores en el Registro de Deudores del Banco Central y permitiendo la recaudación de pagos a través de servicios públicos, impuestos y otros canales. Monitorear desde el Estado el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante agencias que supervisen y verifiquen el cumplimiento de los acuerdos de obligación alimentaria.

Movilizar: Expandir el Uso del Índice Crianza, promoviendo su adopción a través de resoluciones judiciales y menciones en el Código Civil y Comercial. Capacitar a operadores judiciales, formando a jueces, abogados y trabajadores sociales sobre el uso del IC y la importancia de la obligación alimentaria. Reformar Procedimientos Judiciales, actualizando los códigos procesales civiles para mejorar los mecanismos de notificación y reducir las tácticas dilatorias. Concientizar sobre la Obligación Alimentaria mediante campañas mediáticas que enfaticen los derechos de los niños y la importancia de la obligación alimentaria como responsabilidad compartida.