La obligación alimentaria es una responsabilidad financiera de los padres separados, donde uno de los padres está obligado a proporcionar recursos al otro para cubrir los gastos asociados con la crianza de sus hijos. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es común en casi todos los países con datos disponibles sobre este tema y está vinculado a los roles de género y a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres. En Argentina, la falta de pago de la cuota alimentaria afecta a un millón de hogares encabezados por mujeres, y a más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un fenómeno que tiene efectos sociales, distributivos, de género y fiscales.

La evidencia disponible sugiere que las razones por las cuales los padres no residentes (en general, los progenitores varones) no pagan la cuota alimentaria en Argentina tienen que ver principalmente con motivos relacionales y culturales, como los vínculos hostiles entre madres y padres y los significados sociales de la cuota alimentaria; y causas institucionales, asociadas a un modelo de política familiar tradicional y al hecho de que los tribunales son la única agencia de ejecución de la cuota alimentaria.

El problema del incumplimiento de la obligación alimentaria no ha recibido mucha atención pública en el pasado. Sin embargo, en los últimos 10 años, ha habido algunos avances, impulsados por la reforma del Código Civil y Comercial y la visibilidad proporcionada por varios actores gubernamentales. El Índice Crianza (IC), lanzado en 2023, mide el costo de la crianza de los hijos considerando tanto los bienes y servicios básicos como los costos de cuidado por edad. Esta herramienta está siendo utilizada por los jueces y juezas en causas por alimentos y ayuda a abordar algunos problemas de política de cuota alimentaria, aunque muchos desafíos persisten. Este documento presenta algunas propuestas para mejorar la política de cuota alimentaria en Argentina, basadas en las políticas ya existentes y considerando el panorama institucional y el modelo de política familiar vigente. Estas propuestas pueden resumirse en cuatro acciones: medir, mediar, monitorear y movilizar.

Sol Prieto
Directora
Programa Crianza y Derechos
UNDELTA